Posicionamiento ante la Ley de Seguridad Interior

EL PROYECTO DE “LEY DE SEGURIDAD INTERIOR” NO ES LA SOLUCION PARA DETENER LA 

PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MEXICO

El crimen organizado que se manifiesta en todas las regiones del país, no es un incidente 

fortuito, no es una simple moda, ni tampoco es un comportamiento voluntario de alguna 

parte de la sociedad, que requiera el endurecimiento de acciones policiaco militares para 

someterlo y controlarlo.

El crimen organizado surge y responde a una orientación política fomentada desde altos 

círculos del poder, que se alimenta con las limitadas políticas económicas y sociales 

diseñadas y aplicadas por el gobierno federal para mantener a la población nacional en 

condiciones de miseria y, a la política de corrupción e impunidad con la que operan los 

brazos sociales, económicos, políticos, judiciales y financieros institucionales.

Las muestras del modelo de corrupción e impunidad brincan a la vista en cualquier campo, 

de tal forma que las acciones de la mafia criminal se ven fortalecidas por la protección 

legal de las altas esferas de poder del país en los tres niveles de gobierno, mismas que 

tiene como objetivos; generar terror en la población, desarticular la acción de la 

organización de la sociedad desde los ejidos, comunidades y organismos de la sociedad 

civil. Todo, bajo la protección de estructuras gubernamentales al servicio de intereses 

económico-financieros ajenos al interés de la nación.

No es casual que al calor de la discusión de la iniciativa de “Ley de Seguridad Interior”, el 

crimen organizado se manifieste con mayor fuerza en todo el país, que presione a la 

población para que se someta a su presencia, para que abandone territorios donde 

existen recursos naturales o minerales importantes para la empresa privada, que avance 

en el control de la economía regional de productores rurales, pequeñas empresas y 

comerciantes, a la vista de autoridades estatales y federales, en alianza con empresas 

multinacionales, entre ellos bancos que reciben los depósitos de su actividad criminal, 

frente a la pasividad de las policías municipales, estatales y federales, y el retiro 

momentáneo del Ejercito a sus cuarteles. ¿Para presionar la aprobación de la Ley?

Tampoco es casual que múltiples actividades económicas mineras, forestales, agrícolas, 

ambientales, pecuarias, turísticas, energéticas, turísticas, industriales y de servicios, 

cuenten con inversiones económicas de dudoso origen y la participación de personas 

ligadas a grupos del crimen organizado. Las denuncias e investigaciones iniciadas por otros 

gobiernos, de la relación que guardan diversas empresas bancarias e industriales que 

operan en México con grupos de la delincuencia organizada, mientras que nuestras 

autoridades guardan silencio, demuestran el poco interés del gobierno por resolver de 

fondo la problemática este flagelo que ya ha provocado cientos de miles de víctimas en la 

población y pérdidas multimillonarias a las familias pobres, en las últimas dos décadas

En 10 años de participación abierta del Ejército Mexicano contra los grupos criminales, 

estos grupos no solo no disminuyeron su capacidad, por el contrario, el crimen organizado